El Juez de Valverde ha pedido la apertura de juicio oral, tras diez años de investigación aportando un
sumario de dieciocho tomos, por presuntos delitos contra los recursos naturales
y el medio ambiente, prevaricación medioambiental, delito contra la ordenación
del territorio, con aplicación por afección de un espacio natural protegido en
algunos de los casos, y desobediencia.
El Informe del Ministerio Fiscal
denuncia a los altos cargos del Cabildo Insular de El Hierro en materia de
residuos durante el periodo 2003 a 2011, en los que se encuentra el actual Director General de Tesorería del
Gobierno de Canarias y la Secretaria del Consejero de Agricultura del Gobierno
de Canarias, Javier Armas González y Glaribel González Ortega
respectivamente, así como la funcionaria
y técnica de residuos del Cabildo Insular de El Hierro y el actual Presidente
de la Federación de Cofradías de Pescadores de Canarias y ex-representante de
la Federación ecologista Benmagec en la isla de El Hierro, Fernando Gutiérrez,
como propietario de un desguace ilegal.
 |
| Quema de residuos en la Dehesa (ZEPA,ZEC y ENP) |
Tal como desprende de un informe de la Agencia de Protección del Medio
Urbano y Natural del Gobierno de Canarias (APMUN), integrado en el sumario y
emitido en el año 2010, se constatan vertidos en la zona de La Dehesa (en el
Municipio de Frontera). Concurren además que se encuentra dentro de los límites
del Espacio Natural Protegido Parque Rural de Frontera, obrando antecedentes
por apertura de zanjas, vertidos de toda clase de residuos, quema y
enterramiento, desde el año 2005, incumplimientos del plan rector y del
decreto legislativo 1/2000 por afección
a zona de uso moderado.
Ante la gravedad de los hechos, en
el caso de las áreas integradas en de la
Red Natura 2000, protegidas por las tres directivas europeas, con clara
incompatibilidad parcial con la Zona Especial de Conservación con hábitats
naturales de interés comunitario, y Zona Especial de Protección de las Aves, el
Juez de instrucción dictó un Auto en 2011, como medida cautelar de suspensión
de la actividad por el sistema de excavación de zanja. Este vertedero también
está denunciado por el Tribunal Europeo.
 |
| Vertedero de Honduras anexo a la chatarra |
Por lo que se refiere a la actividad
de desguace de vehículos el Juez de instrucción describe que, respecto de la
actividad de almacenamiento y gestión de vehículos fuera de uso que hay en la
zona de la Hondura-El Majano, en el municipio de Valverde, se emitió informe
por la APMUN, que describe unos 14.000
metros cuadrados, con unos 600 vehículos depositados en suelo sin
impermeabilización, bidones con aceite que vierten directamente al suelo, además
de carecer de todo tipo de permisos, licencias y autorizaciones y de
clasificación territorial. El suelo está clasificado de suelo rústico de
protección paisajística, valorando de significativo el daño ambiental
producido. A pesar de que se emitieron
dos resoluciones municipales que decretaban la suspensión de la actividad de
desguace y la apertura de dos
expedientes sancionadores por parte de
la APMUN, la actividad continuó hasta la orden de clausura como medida cautelar
por parte del Juez.
 |
| Vertederos y chatarra precintados por el juez. |
Otro de los vertederos
denunciados por el Ministerio Fiscal, es el de La Cumbrecita, en el municipio
de Valverde. De los informes recabados
del SEPRONA y la APMUN
se despre
nde que, desde el año 2007, se realizó por el Cabildo Insular
una actividad continua en la zona de vertidos de todo tipo, incluidos los
tóxicos y peligrosos, de manera incontrolada y sin autorización. El suelo donde
se asentaba la actividad era de especial protección al estar clasificado y
categorizado como suelo rústico de protección paisajística, habiéndose
analizado la incidencia que tal actividad ha podido producir sobre los recursos
naturales, e informándose que en el caso del suelo el daño es ya irreversible.
La asociación ecologista
Ossinisa, denunciante y personada en este caso, pide las penas máximas para los
imputados y la restauración de los vertederos a cargo de los responsables, así
mismo, emplaza a las instituciones insulares a estar permanentemente vigilantes
en la defensa y el cuidado del patrimonio natural.
