Los ecologistas advierten, de que si no hay
un cambio radical en las políticas ilegales llevadas a cabo en el pasado en
esta materia y una población que se involucre de lleno en la disminución y
separación de residuos, el actual sistema
se colapsará, creando enormes conflictos legales y daños irreversibles al medio
natural.
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Vertedero ilegal de la Dehesa año 2014 |
Según los
ecologistas, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea abrió un expediente sancionador en 2006 por
los vertederos ilegales en el Estado Español, entre los que se encontraban los
ubicados en la isla de El Hierro: en la
Montaña del Tesoro (Valverde) y La Dehesa (Frontera). Ahora, un fallo inminente por parte del Tribunal Europeo
pondrá en jaque al Gobierno de Canarias que “ha permitido verdaderos atentados
ambientales en connivencia con El Cabildo de El Hierro en fechas pasadas",
añaden.
Informan de
que a la denuncia del Tribunal Europeo hay que sumarle la denuncia interpuesta
por Ossinisa por daños irreversibles en un Espacio Natural Protegido y en
suelos de protección paisajística, puesta en la misma fecha por el uso de estos
vertederos ilegales por parte del Cabildo que, pese a estar obligado a
interrumpir los vertidos por el precinto de las instalaciones por parte de las
autoridades judiciales, continuó con ellos hasta el año 2014.
Para los ecologistas, el proyecto de
restauración del vertedero de la Dehesa, estimado en unos 948.347,25 euros, está vulnerando la ley de responsabilidad
medioambiental, ya que es considerado
por parte del Gobierno de Canarias y el Cabildo de El Hierro, como “histórico”, para evitar así, que parte
de su restauración sea sufragada por los responsables directos, políticos y
técnicos, que lo mantuvieron activo hasta 2014, algo que contradice el espíritu
de la ley que establece que “el que contamina paga”, condenando a la ciudadanía
a sufragar los delitos de otros.