La eliminación de las Directrices de
Ordenación del Territorio y la descentralización competencial a favor de
ayuntamientos y cabildos deja en manos de pequeñas élites
profesionales de la política y vinculadas al sector de la construcción, un
proceso de remate y liquidación de los bienes patrimoniales de una
población empobrecida y desesperada por la crudeza de una crisis cuya gestión
por parte de las distintas corporaciones municipales e insulares ha llevado a
un galopante despoblamiento que ha disparado los índices de envejecimiento y
arroja los peores índices de desempleo de Canarias.
Los ecologistas advierten de que tras la
aprobación en el Parlamento de Canarias
de la modificación de la Ley de ordenación territorial y turística de El Hierro, La Gomera y La Palma (las
llamadas islas verdes) que cuenta con el apoyo del Cabildo de El Hierro, se condenará
especialmente a El Hierro a una devaluación irreversible de los valores
naturales, paisajísticos y patrimoniales. Así mismo, manifiestan que es una ley
totalmente contraria a cualquier desarrollo económico “sostenible”
aseverando que “es un retorno al caciquismo, al favoritismo
empresarial y al fortalecimiento de la red clientelar perenne en la isla, apostando
por un “modelo turístico y social de garrafón”.
Para los ecologistas, la nueva ley solo da
garantías a los especuladores, señalando que el nuevo escenario de la
sociedad herreña será de meros espectadores, maniatados ante la
destrucción de un proyecto de futuro, que nos despoja de cualquier herramienta
legal para impedir la destrucción de nuestros recursos estratégicos”.
El apoyo por parte del Cabildo de El Hierro a las nuevas
leyes, tanto la “ley del suelo” como la de “las islas verdes”, convertirá
en solares potenciales cualquier tipo de suelo, toda una burbuja
especulativa que fomentará la dispersión y el encarecimiento del suelo
rústico. Se levantará una veda para la especulación en los suelos protegidos
por la Red Natura 2000, pues pronostican que este nuevo modelo de planificación
incrementará la contaminación de los suelos, el colapso en la gestión de
residuos, la destrucción del patrimonio etnográfico y arqueológico y la
destrucción del paisajes tan característicos como Las laderas de El Julan, La
Dehesa, La Meseta de Nisdafe o las zonas de costas, inmersas en un proceso de
descontrol urbanístico por parte de oportunistas compañías turísticas foráneas
que “premiarán” con puestos de trabajo subalternos a la población local.
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| Una ley al servicio de los empresarios |
El hecho de que la ley establezca que los promotores de
los planes insulares deban hacer una especie de “autoevaluación
ambiental” es todo un despropósito, carente de las mínimas garantías de
objetividad, todo un caldo de cultivo para la corrupción y la impunidad,
añaden.
La ley del suelo será el éxito de un modelo meramente
insularista y peor aún, potenciará un municipalismo caciquil propio de las
“repúblicas bananeras”. Nos podemos encontrar a los tres municipios
luchando y compitiendo entre sí, para atraer la inversión a cambio de
prostituir los bienes patrimoniales, el territorio, el paisaje y derechos
civiles, la oferta y la demanda será dirigida por los especuladores, como
agravante, este fenómeno de depredación de suelo rústico es extrapolable al
resto de las islas, creando una competencia continua entra islas y municipios
que desmantela cualquier proyecto de Canarias como unidad territorial.
Con la nueva ley del Suelo y la de las islas
verdes, la biodiversidad, el paisaje, la cultura agraria o la soberanía alimentaria
–valores que han caracterizado la identidad de la sociedad herreña-pasan a ser
obstáculos de los que hay que deshacerse. A partir de ahora, al suelo rústico
se le pueden asociar actividades de ocio, deportivas, docentes, de
investigación, etc. o “cualquier uso que produzca una renta complementaria a la
actividad principal”. Todo ello con una simple licencia municipal que, en El
Hierro, por costumbre, se dan por “orden del Alcalde”.
Planear que esta ley fomenta el sector primario es todo
un despropósito, ya que la ley del suelo devalúa a la mínima expresión el
interés agropecuario del suelo, en beneficio de cualquier otra actividad más
rentable a corto plazo, elevando el valor del suelo, ahora polivalente y
atractivo para los especuladores.
Ossinisa hace un llamamiento a la población para que
se sume a todas las acciones y apoye los recursos judiciales ante la
Unión Europea propuestos en Canarias contra la Ley de las islas verdes y la del
suelo. Así mismo, anuncia una denuncia ante la UNESCO por la violación de la
normativa de protección de La Reserva de Biosfera de El Hierro, aportando
los informes de la Fundación César Manrique, El colegio de Biólogos, El Consejo
Consultivo de Canarias y El Colegio de Arquitectos, entre otros.
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