El arquitecto Faustino García Márquez critica los contenidos de la anunciada y próxima Ley del Suelo de Canarias, porque “propician la afección a los valores naturales y paisajísticos y el riesgo de suplantación y expulsión de la actividad agraria. No es ese el futuro que soñamos para nuestro territorio y nuestros nietos”. [En PELLAGOFIO nº 41 (2ª época, abril 2016)].
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esde 1983 a 2003, se aprobaron en el Parlamento de Canarias, por unanimidad, una serie de leyes ambientales y territoriales crecientemente cuidadosas con el medio rural y los espacios naturales. Las leyes de medidas urgentes, del suelo rústico, de espacios naturales protegidos, del territorio y de directrices fueron estableciendo un marco de conservación, compartido por todas las fuerzas políticas, alrededor de la posesión más valiosa de los canarios: su territorio.
El objetivo buscado era el gobierno integrador del territorio, el desarrollo territorial sostenible y, sobre todo, la conservación de su parte más valiosa: el medio rural y natural. Se trataba de que las generaciones actuales y futuras pudieran mantener la singularidad de nuestro territorio, la enorme y particular biodiversidad que se asienta sobre él, la riqueza de los paisajes, el potencial productivo de sus tierras y la población que habita y desarrolla en él sus actividades, generando una secular cultura agraria y permitiendo acumular un valioso patrimonio arqueológico y etnográfico.
UNA DECISIÓN CORRECTA COMO HACER UNA NUEVA LEY DEL SUELO EN LUGAR DE REFUNDIR EL MONTÓN ACUMULADO, LLEGA A UNA SERIE DE LUGARES EQUIVOCADOS
Ese afán protector ha ocasionado inconvenientes y molestias, especialmente a quienes viven en ese medio. Algunas de esas medidas de protección han sido injustas, y tenían y tienen que corregirse, pero valorando también que esa legislación y esas medidas nos han ayudado a conservar la mayor y mejor porción de nuestro patrimonio, nuestro paisaje, nuestra identidad.
Tras un paréntesis en que el cielo se fue encapotando, la contrarreforma se desencadenó entre 2007 y 2015. Con la crisis como excusa, se fueron amontonando leyes contradictorias que pretendían resolver un interés puntual ascendiéndolo a problema general. Ya no había consenso, pero sí una mayoría suficiente para transformar la ordenación legal del territorio canario en un texto ilegible. Así se creó la necesidad de arreglar el desaguisado, que parte de una decisión correcta, hacer una nueva ley en lugar de refundir el montón acumulado, pero llega a una serie de lugares equivocados.
Frente a los elementos positivos, como la exención de intervención administrativa en obras de mantenimiento de infraestructuras y construcciones agrícolas o las intervenciones en construcciones ruinosas, en el Anteproyecto de la nueva Ley del Suelo prevalecen los negativos. No arregla el mayor fallo: la desigualdad entre los que miran el paisaje y los que habitan en él; el intento de compensar con un dinero menor a los propietarios de suelos protegidos no reducirá la brecha entre el interior insular y el resto de la sociedad. Es algo que no tiene tanto que ver con la legislación del territorio como con nuestra falta de solidaridad, nuestra mezquindad, nuestro egoísmo.
Actuaciones impropias
Con todo, el lugar más equivocado al que nos conduce el Anteproyecto es la facilidad de actuaciones impropias en suelo rústico. El Anteproyecto declara como usos ordinarios y propios del suelo rústico, que sólo necesitan de licencia municipal para ejecutarse, a las actividades deportivas, de ocio, científicas, docentes y divulgativas, con instalaciones fijas y permanentes, además de cualquier otro uso y actividad que genere renta complementaria para las extensiones agrarias, sin establecer límites cuantitativos ni cualitativos: ¿un campo de golf, un colegio privado, un laboratorio de investigación farmacéutica, un bingo que genere renta complementaria?
Pero hay más: los usos no ordinarios, como los residenciales, turísticos y de equipamiento y servicios también pueden establecerse en el medio rural, con la excepción de los suelos rústicos de protección ambiental, con solo una licencia municipal si ya están previstos en el planeamiento o van a ocupar una construcción existente o, en otro caso, con una declaración de interés público o social del Cabildo Insular, previa a la licencia. Y, además, unos nuevos instrumentos, los proyectos de interés autonómico o insular, de iniciativa pública o privada, permiten al Gobierno de Canarias y al Cabildo, con un procedimiento somero (información pública de un mes y evaluación ambiental simplificada) implantar en suelo rústico, con la excepción también de la protección ambiental, actividades industriales, energéticas, turísticas, deportivas, sanitarias “o de otra naturaleza”, de nuevo sin límites ni condiciones.
EL ANTEPROYECTO DECLARA COMO USOS ORDINARIOS Y PROPIOS DEL SUELO RÚSTICO, QUE SÓLO NECESITAN DE LICENCIA MUNICIPAL PARA EJECUTARSE… ¿UN CAMPO DE GOLF, UN COLEGIO PRIVADO, UN LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN FARMACÉUTICA, UN BINGO QUE GENERE RENTA COMPLEMENTARIA?
Aún habría que sumar las actuaciones que pueden ser legitimadas por procedimientos excepcionales, como la suspensión del planeamiento de una zona y establecimiento de una ordenación provisional de vigencia ilimitada, que legitime cualquier posible actuación, en cualquier clase de suelo, por iniciativa del gobierno de Canarias (artículo 169) o de los Cabildos y Ayuntamientos, mediante ordenanzas provisionales. Y no podemos olvidar la previsión de crecimiento de los asentamientos rurales y la inclusión de construcciones situadas 200 metros al exterior de su perímetro.
En resumen, la posibilidad de introducir en el suelo rústico, sin condiciones, una serie ilimitada de usos ajenos a su naturaleza, la creación de una serie de nuevos instrumentos y procedimientos que facilitan su implantación y la legitimación de buena parte de ellos mediante la sola licencia municipal, así como la extensión de los asentamientos rurales, vendrán a intensificar las tensiones inmobiliarias en el suelo rural, propiciar la multiplicación y dispersión de actuaciones, la afección a los valores naturales y paisajísticos y el riesgo de suplantación y expulsión de la actividad agraria. No es ese el futuro que soñamos para nuestro territorio y nuestros nietos. Pero aún estamos a tiempo de alcanzarlo, exigiendo que se corrija el rumbo
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