At the end of June the Gorona del Viento (GdV) plant completed its first year of full operation, during which it supplied 34.6% of El Hierro’s electricity demand with renewable electricity at a cost probably exceeding €1.00/kWh and lowered the island’s CO2 emissions by approximately 12,000 tons at a cost of around €1,000/ton. This post summarizes these unexpectedly poor results, discusses the reasons for them and concludes that GdV, which was intended to show the world how fossil fuel generation can readily be replaced with intermittent renewables, can already be classified as a “failed project”. GdV’s performance further suggests that replacing fossil fuels with intermittent renewables elsewhere in the world could be a lot more difficult than the proponents of renewable energy are prepared to admit.
Results:
Details on GdV plant layout, operation and capacities are given in the September update. Previous posts on GdV are accessible through the El Hierro Portal.
Figure 1 plots the daily average percentage of renewables generation supplied by GdV to the El Hierro grid since June 27, 2015, when full operations began, through June 30, 2016: Noteworthy features are:
The low renewables generation from September 2015 through January 2016, a result of low wind speeds.
The irregularity of renewable energy deliveries to the grid, which can change from 70% or more of demand to near-zero in the space of a few days, again depending mostly on wind speed.
The lack of any significant increase in the percentage of renewables generation with time.
Figure 1: Daily average percent renewable electricity sent to the El Hierro grid
La central hidroeólica de El Hierro colecciona elogios dentro y fuera de España desde su inauguración, pero está lejos de convertir a la isla en 100 % renovable: de hecho solo tiene capacidad para cubrir el 46 % y a un alto coste, incluso descontando su beneficio ambiental.
El experto Hubert Flocard, exdirector del Instituto de Física Nuclear del Centro Nacional de Investigaciones Científicas de Francia (CNRS), publica en la revista digital de la asociación Sauvons le climat (“Salvemos el clima”), un análisis sobre los seis primeros meses de operación de Gorona del Viento.
Hay una pregunta materialista vulgar que oímos a menudo referida a empeños y actividades humanas: ¿quién lo paga?
En la naturaleza, la "divisa fuerte" es la energía. Se cobra y se paga en energía. También sucede así en la economía humana, que no se halla al margen de la naturaleza –a pesar de las ilusiones que alienta la teoría económica estándar. Ante las actividades de producción y consumo de los seres humanos, hemos de preguntar: ¿quién lo paga –es decir, con qué base energética se realiza? Y es que casi todas las actividades humanas se entienden mejor si pensamos primero en términos de energía (cuidando de no incurrir en determinismo energético; y abordando también, desde luego, los aspectos culturales, políticos, económicos, etc. de tales actividades). Pues de la energía disponible para una sociedad depende casi todo lo demás.
Esto sucede también si indagamos en posibles transiciones ecosociales hacia la sustentabilidad: ¿cómo afectaría a nuestras sociedades lo más básico de esos cambios, a saber, la necesaria transición energética desde la matriz actual basada en combustibles fósiles hacia un sistema energético nutrido con fuentes renovables?
"Me da la impresión que La Gorona va a ir desmontándose poco a poco y vamos a ir viendo, quizás, que más que de viento es una Gorona de humo que no resuelve problemas ambientales sino que los oculta, que sirve de propaganda política y cuyo coste monetario es desmesurado y, probablemente, injustificado.....
Ya veremos si no les obligan a devolver las ayudas públicas a quienes las hayan recibido"
El Juez de Valverde ha pedido la apertura de juicio oral, tras diez años de investigación aportando un
sumario de dieciocho tomos, por presuntos delitos contra los recursos naturales
y el medio ambiente, prevaricación medioambiental, delito contra la ordenación
del territorio, con aplicación por afección de un espacio natural protegido en
algunos de los casos, y desobediencia.
El Informe del Ministerio Fiscal
denuncia a los altos cargos del Cabildo Insular de El Hierro en materia de
residuos durante el periodo 2003 a 2011, en los que se encuentra el actual Director General de Tesorería del
Gobierno de Canarias y la Secretaria del Consejero de Agricultura del Gobierno
de Canarias, Javier Armas González y Glaribel González Ortega
respectivamente, así como la funcionaria
y técnica de residuos del Cabildo Insular de El Hierro y el actual Presidente
de la Federación de Cofradías de Pescadores de Canarias y ex-representante de
la Federación ecologista Benmagec en la isla de El Hierro, Fernando Gutiérrez,
como propietario de un desguace ilegal.
Quema de residuos en la Dehesa (ZEPA,ZEC y ENP)
Tal como desprende de un informe de la Agencia de Protección del Medio
Urbano y Natural del Gobierno de Canarias (APMUN), integrado en el sumario y
emitido en el año 2010, se constatan vertidos en la zona de La Dehesa (en el
Municipio de Frontera). Concurren además que se encuentra dentro de los límites
del Espacio Natural Protegido Parque Rural de Frontera, obrando antecedentes
por apertura de zanjas, vertidos de toda clase de residuos, quema y
enterramiento, desde el año 2005, incumplimientos del plan rector y del
decreto legislativo 1/2000 por afección
a zona de uso moderado.
Ante la gravedad de los hechos, en
el caso de las áreas integradas en de la
Red Natura 2000, protegidas por las tres directivas europeas, con clara
incompatibilidad parcial con la Zona Especial de Conservación con hábitats
naturales de interés comunitario, y Zona Especial de Protección de las Aves, el
Juez de instrucción dictó un Auto en 2011, como medida cautelar de suspensión
de la actividad por el sistema de excavación de zanja. Este vertedero también
está denunciado por el Tribunal Europeo.
Vertedero de Honduras anexo a la chatarra
Por lo que se refiere a la actividad
de desguace de vehículos el Juez de instrucción describe que, respecto de la
actividad de almacenamiento y gestión de vehículos fuera de uso que hay en la
zona de la Hondura-El Majano, en el municipio de Valverde, se emitió informe
por la APMUN, que describe unos 14.000
metros cuadrados, con unos 600 vehículos depositados en suelo sin
impermeabilización, bidones con aceite que vierten directamente al suelo, además
de carecer de todo tipo de permisos, licencias y autorizaciones y de
clasificación territorial. El suelo está clasificado de suelo rústico de
protección paisajística, valorando de significativo el daño ambiental
producido. A pesar de que se emitieron
dos resoluciones municipales que decretaban la suspensión de la actividad de
desguace y la apertura de dos
expedientes sancionadores por parte de
la APMUN, la actividad continuó hasta la orden de clausura como medida cautelar
por parte del Juez.
Vertederos y chatarra precintados por el juez.
Otro de los vertederos
denunciados por el Ministerio Fiscal, es el de La Cumbrecita, en el municipio
de Valverde. De los informes recabados
del SEPRONA y la APMUN
se despre
nde que, desde el año 2007, se realizó por el Cabildo Insular
una actividad continua en la zona de vertidos de todo tipo, incluidos los
tóxicos y peligrosos, de manera incontrolada y sin autorización. El suelo donde
se asentaba la actividad era de especial protección al estar clasificado y
categorizado como suelo rústico de protección paisajística, habiéndose
analizado la incidencia que tal actividad ha podido producir sobre los recursos
naturales, e informándose que en el caso del suelo el daño es ya irreversible.
La asociación ecologista
Ossinisa, denunciante y personada en este caso, pide las penas máximas para los
imputados y la restauración de los vertederos a cargo de los responsables, así
mismo, emplaza a las instituciones insulares a estar permanentemente vigilantes
en la defensa y el cuidado del patrimonio natural.
Según la asociación ecologista Ossinisa, la consejera de Política Territorial y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, recientemente de visita oficial en la isla de El Hierro, trajo a la isla una agenda en materia de residuos, marcada por los tribunales de la Unión Europea (UE), y en ningún caso por sensibilidad medioambiental, ya que existe un ultimátum para que los vertederos gestionados ilegalmente por el Cabildo de El Hierro sean restaurados antes del 2018.
Según los ecologistas, se ha intentado manipular una situación alarmante en materia de residuos en la isla de El Hierro, pues se anuncian más de dos millones de euros como inversiones medioambientales para restaurar el Vertedero de la Dehesa y el de la Montaña El Tesoro cuando, en realidad, se hace con el fin de cumplir con las imposiciones del Tribunal Europeo. Dichas imposiciones obligan a la reparación de los atentados medioambientales cometidos en los vertederos gestionados por el Cabildo en el trascurso de 20 años de manera continuada y en connivencia con el Gobierno de Canarias. Sumados a los anteriores aún siguen latentes los vertederos de Guardavacas, Tamásina, La Cumbrecita, Honduras, El Tejal y El Matorral .
Ossinisa recuerda que el mismo anuncio de sellado de estos vertederos se hizo en el año 2014 y el Cabildo de El Hierro perdió estos fondos por no presentar los proyectos en los plazos establecidos, lo que denota el escaso interés en materia medioambiental.
Es ahora cuando se suma a las denuncias de la UE un procedimiento penal iniciado en 2006 a raíz de las denuncias presentadas por los ecologistas herreños. Una batalla legal de diez años, en la que el Cabildo de El Hierro perdió todos los recursos de reforma y de apelación contra tres Autos del Juzgado de Valverde, solicitando medidas cautelares urgentes, como el precintado de las zonas de vertido que, en el caso de la Dehesa, se sitúan dentro de un enclave que reúne varias figuras de protección: Espacio Natural Protegido (ENP), Zona de Especial Conservación (ZEC), Lugar de Interés Comunitario (LIC) y Zona Especial de Protección de Aves (ZEPA). En el caso de La Cumbrecita y la chatarra próxima, se trata, a su vez, de un Suelo Rústico de Protección Paisajística.
Según la asociación, hace unos meses recibió la comunicación por parte del Juzgado de que se ha dado por cerrada la instrucción del procedimiento penal que afecta auna ex consejera del Cabildo Insular, un Director General de Medio Ambiente y una técnica de residuos, además de un empresario que gestionaba una chatarra ilegal. Todos ellos imputados por presuntos delitos contra la Salud Pública y El Medio Ambiente por la gestión de los vertederos.
Estiman que en el año 2016 se inicie el Juicio oral contra los imputados por atentados medioambientales, en el que se mostrará un sumario de dieciocho tomos. Uno de los procedimientos penales en materia de vertederos más grandes de Canarias.
Ossinisa manifiesta que “el Plan de desarrollo Sostenible de El Hierro, ha sido pura propaganda y que la realidad medioambiental en materia de residuos solo opera en los juzgados, con hechos probatorios y no con eslóganes fraudulentos como El Hierro 100% reciclable”.
Alertan de que la petición por parte de la presidenta del Cabildo de El Hierro, Belén Allende, a la Consejera de Política Territorial y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias, consistente en la creación de nuevas celdas de vertido, deja de manifiesto su incompetencia a la hora de dar una solución sostenible al problema de los residuos en el Hierro, convirtiendo un Espacio Natural Protegido, como es la Dehesa Comunal, “en un campo de minas” a modo de grandes masas de residuos, que pone en peligro la denominación de El Hierro como Reserva de la Biosfera.
Otros 17 se irán clausurando de forma progresiva hasta el año 2018, tal y como exige la Unión Europea
Efe 11.02.2016 | 18:07
El Gobierno de Canarias sellará siete vertederos ilegales en 2016 y dejará 17 pendientes, que se cerrarán de forma progresiva hasta el año 2018, tal y como exige la Unión Europea (UE), que ha denunciado a España por no acabar con 61 vertederos ilegales en seis comunidades, entre ellas, las islas.
Entre los vertederos que el Ejecutivo canario prevé cerrar a lo largo de este año están el de Montaña del Tesoro, al que destinará 1.680.000 euros, y el de Faro de Orchilla, con 401.000 euros, ambos en El Hierro.
En Fuerteventura el cierre de Tiscamanitas costará 300.000 euros y la segunda fase del Complejo Zurita 5 millones, mientras que el de Montaña de Amagro en Gran Canaria 300.000 euros.
Por su parte, la segunda fase del vertedero de Butihondo en Fuerteventura y también la segunda fase del de Arure en La Gomera valdrán 2.383.000 euros.
La consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, ha informado en comisión parlamentaria, a instancias de la Agrupación Socialista Gomera, de que en el archipiélago hay un total de 24 vertederos sin restaurar y que tienen que ser clausurados, sellados y restaurados para que la UE no imponga a España una sanción coercitiva.
La mayor parte de esos vertederos surgieron de la necesidad de dar solución al tratamiento de residuos cuando no había en Canarias complejos ambientales, ha recordado Nieves Lady Barreto, quien ha informado de que a partir de los años noventa se han invertido 160 millones para complejos ambientales y puntos limpios.
"Estamos poniéndole prisa a este asunto, pero necesitamos la colaboración de ayuntamientos", ha aseverado la consejera, quien se ha quejado de la dificultad de sellar algunos vertederos ya que no se ceden los suelos en los que se encuentran.
Si se soluciona la cesión de estos suelos, el Gobierno intentará cerrar a lo largo de este año "algún otro" vertedero ilegal, ha agregado Nieves Lady Barreto.
Del año 2006 al año 2011 se cerraron 6 vertederos, de 2011 a 2014 otros dos más, en 2015 ninguno y este año se prevé el sellado de otros 7, por lo que quedarían 17 pendientes.
La Comisión Europea anunció el año pasado su decisión de llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por la persistencia de vertederos ilegales en Andalucía, Islas Baleares, Islas Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Murcia.
Según la normativa comunitaria en materia de residuos, los estados miembros están obligados a recuperar los residuos o a eliminarlos, de forma que no pongan en peligro la salud humana ni el medio ambiente, y han de prohibir por tanto su abandono, vertido o eliminación incontrolada.
La CE abrió el procedimiento contra España en marzo de 2007 tras haber detectado una serie de"vertederos ilegales" y emitió en octubre de 2008 un dictamen motivado, segundo paso de ese procedimiento comunitario de infracción.
España prometió cerrar esos vertederos antes de finales de 2011, sin embargo, en vista de que a mediados de 2015 España seguía sin iniciar la mayor parte de las obras necesarias para el sellado de 61 de esos vertederos, la Comisión ha decidido llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE con objeto de forzarla a acelerar el proceso.
